Solicitaron informes por
la concesión a TBA sin licitación del tren El Gran Capitán
Los
diputados Manuel Garrido, Elsa Álvarez, Julio César Martínez, Mario Fiad,
Fabián Rogel, Luis Sacca, Jorge Albarracín, Mariana Juri, Ricardo Alfonsín,
Mario Negri, Juan Pedro Tunessi solicitaron al Poder Ejecutivo de la Nación , brinde a la
brevedad la información vinculada con el funcionamiento del tren de pasajeros
que une la ciudad de Posadas con la ciudad de Buenos Aires, trayecto que hasta
diciembre de 2011 realizaba la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. a
través de la formación denominada “El Gran Capitán”.
En particular, se solicita que informe
sobre lo que se detalla a continuación y remita, en cada caso, copia de la
documentación:
1.
Los informes de auditoría y control realizados por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte –CNRT- durante el período 2003-2011, en el que la
empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. explotó el servicio que une la ciudad
de Posadas con la ciudad de Buenos Aires y las razones que dieron lugar a la
rescisión del contrato entre la provincia de Corrientes y dicha empresa
ferroviaria. Se solicita que se remita copia de los informes, muy especialmente
si alguno de ellos señaló la existencia de fallas de seguridad.
2.
Las fechas en que la empresa TEA S.A. fue debidamente notificada de los
informes realizados por la
CNRT. Se solicita que remita copia de las constancias de
recepción de dichos informes.
3.
Los fundamentos que dieron lugar a la solicitud de la Secretaría de Transporte
de la Nación
al gobierno de la provincia de Corrientes para la rescisión del contrato con la
empresa Trenes Especiales S.A.
4.
Los fundamentos que esgrimió la
Secretaría de Transporte de la Nación para justificar la
denegatoria del permiso de circulación que tuviera TEA S.A. sobre el ramal de la Línea Urquiza.
5.
Las razones que explican que la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. haya
explotado, aun cuando no contaba con el permiso de circulación de la Secretaría de
Transporte de la Nación ,
el servicio de trenes entre Posadas y la ciudad de Buenos Aires.
6.
Los criterios utilizados por la
Secretaría de Transporte de la Nación para el otorgamiento
de subsidios públicos a diferentes empresas ferroviarias, si se otorgaron
subsidios a Trenes Especiales Argentinos S.A., y en ese caso los montos y
oportunidad. En su defecto, las razones que motivaron la no concesión de
subsidios nacionales a la citada empresa.
7.
Los mecanismos y procedimientos utilizados (licitación, concurso, contratación
directa u otro) para la selección de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.
como nueva concesionaria del servicio de trenes entre Misiones y Buenos Aires.
8.
Los antecedentes presentados por la empresa TBA S.A. para ser adjudicataria del
servicio ferrocarril que une las provincias de Misiones y Buenos Aires.
9.
Los fundamentos que dieron lugar a la selección de TBA. S.A. para la
explotación de dicho servicio.
10.
Las empresas que se presentaron a la correspondiente licitación del servicio
ferroviario entre las provincias de Misiones y Buenos Aires.
11.
Sobre la existencia de comunicaciones entre el titular del Ente Bicameral
Yaciretá y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación ,
el Arq. Julio De Vido.
12.
La fecha de la rescisión del contrato de concesión de Trenes Especiales
Argentinos S.A. para el trayecto Posadas – Buenos Aires.
13.
La fecha en que dicha rescisión fue notificada a la empresa Trenes Especiales
Argentinos S.A. y en caso de que ésta difiera de la fecha en que
empezó
a surtir efecto la rescisión, los motivos de la demora en la comunicación por
parte de la Secretaría
de Transporte de la Nación.
14.
Los contratos de concesión vigentes a la fecha entre el Estado Nacional y la
empresa América Latina Logística (ALL).
15.
Informe sobre el nivel de cumplimiento de las tareas de mantenimiento de las
vías que realiza la empresa América Latina Logística, de acuerdo a las
obligaciones contractuales a las que está sometida.
16.
Copia de los informes de auditoría realizados por la Auditoría General
de la Nación y
la Comisión Nacional
del Transporte sobre el accionar de la empresa América Latina Logística en los
años 2010 y 2011. Específicamente, se solicita información acerca del
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa durante
el período señalado.
17.
Los sucesos ocurridos el día 13 de noviembre de 2011, en los que una formación
del ferrocarril que cubría el tramo entre Posadas y la estación Federico
Lacroze de la Ciudad
de Buenos Aires, habría sido desviada poco después de llegar a la localidad de
Apóstoles, provincia de Misiones, por representantes del gremio La Fraternidad.
18.
Cualquier otra información que pueda servir al presente pedido de informes.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Hace
pocos días hemos sido testigos de una de las mayores tragedias ferroviarias
ocurridas en nuestro país. El accidente del día 22 de febrero de 2012 en la
estación Once, que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, es
consecuencia de un sistema que esconde un entramado de corrupción y negocios
entre el sector público y el privado.
La
privatización del transporte ferroviario a principios de los 90, como parte de
una política más amplia de reforma del Estado, no sólo no mejoró el servicio en
lo que respecta a los trenes de cargas como a los de pasajeros, sino que dejó
aislados a pueblos enteros del interior de nuestro país, obligando a los
usuarios a utilizar otros medios de transporte más caros, más lentos y no
siempre disponibles.
La
ausencia de controles estatales, sumado a la connivencia de funcionarios
públicos con los grupos empresarios concesionarios del servicio, generó un
sistema de mala calidad, altamente inseguro e ineficiente, que necesita de los
millones de pesos que recibe en concepto de subsidios públicos para poder
funcionar. Dichos subsidios, que han sido entregados bajo criterios
discrecionales, sin atender a los informes de auditoría realizados tanto por
organismos externos a la Administración Pública como por entes reguladores
–la CNRT- poco
sirvieron para mejorar el transporte de pasajeros. Por el contrario, lo que
vemos es el crecimiento desmedido de las empresas prestatarias del servicio,
que fueron ganando cada vez más negocios. Estos hechos, denunciados en
reiteradas oportunidades, involucraron a funcionarios públicos que hoy están
siendo juzgados en la justicia federal.
El
creciente deterioro de los ferrocarriles existentes y la ausencia de servicios
al interior del país ha sido objeto de promesas de solución por parte del Poder
Ejecutivo desde el año 2004. La emisión del Decreto Nº 1261 de 2007, por el
cual el Estado Nacional reasumía la prestación del servicio de trenes de
pasajeros de larga distancia, fue un intento de recuperar el rol estatal en la
política ferroviaria. En 2005 se promulgó también la Ley 26.352 por la cual se
creaba la
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado y la
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado por la cual se
buscaba reordenar el sistema de ferrocarriles en la Argentina. Sin
embargo, hasta la fecha no ha habido mejoras sustantivas y el gobierno
continúa, por acción un omisión, favoreciendo a las empresas prestatarias del
servicio.
En
esta Cámara el oficialismo ha obstaculizado el tratamiento de diferentes
proyectos de ley y pedidos de informes tendientes a conocer el estado y
regularizar el servicio de ferrocarriles en la Argentina.
Las
repetidas fallas de los trenes de los principales ramales que unen la Ciudad de Buenos Aires con
las localidades del Gran Buenos Aires y la ausencia de medidas gubernamentales
denotan la falta de un plan ferroviario en la Argentina. Esto no
imposibilitó al gobierno nacional continuar con su política de subsidios sin
control, favoreciendo una y otra vez a empresarios “amigos” del sector.
La
tragedia ocurrida en Once deja al descubierto este entramado descrito y la
relación espuria entre funcionarios públicos y el sector privado. La empresa
Trenes de Buenos Aires S.A., concesionaria del servicio, está siendo
investigada por la Justicia
a raíz de los hechos ocurridos. Sin embargo, desde hace años es cuestionada por
los servicios prestados a pesar de los subsidios recibidos.
Un
dato llamativo, que toma mayor relevancia a partir del lamentable accidente, es
la entrega a la empresa TBA, a finales de 2011, del servicio ferroviario que
une las provincias de Misiones y Buenos Aires, lo que habría ocurrido sin
licitación alguna.
Como
es de conocimiento de los Sres. y Señoras Diputados/as –ha sido puesto de
manifiesto en otros pedidos de informes realizados por algunos de mis colegas-
este servicio era prestado por la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. a
partir de un convenio firmado con la provincia de Corrientes en mayo de 2003.
Sin
embargo, según un comunicado de la Secretaría de Transporte de la Nación , el día 14 de
noviembre de 2011 este servicio era prestado de manera irregular y sin
autorización por la empresa TEA. Es difícil de entender cómo dicho organismo
permitió que esto sucediera, más teniendo en cuenta que una de las razones
esgrimidas para la suspensión del servicio fueron las dificultades presentadas
que acarreaban riesgos para la seguridad de los usuarios.
Paradójicamente,
y luego de invocar el factor seguridad, se concesionó la explotación del
servicio a TBA, que apenas dos meses después ha demostrado trágicamente que en
esa materia no exhibía parámetros mínimamente aceptables, saliendo a la luz una
evidente complicidad del Ejecutivo nacional con la citada empresa.
La
nueva concesión no ha hecho inversiones, ha reducido la frecuencia del servicio
y aumentado las tarifas, siendo los pasajeros los principales damnificados.
La
precariedad del servicio ferroviario en la Argentina , que esconde graves hechos de
corrupción y provoca trágicos accidentes merece que, como representantes de los
intereses del pueblo, trabajemos en la búsqueda de soluciones. Es por ello que
presentamos este Proyecto de Resolución y les solicitamos a los Sres. Diputados
y Sras. Diputadas que acompañen con su voto afirmativo.
